El día 23 de marzo vamos a salir a la calle en toda España, porque este país requiere medidas urgentes y sociales inmediatas frente a la crisis energética.
Fuente: Valor Sindical
Durante estas últimas semanas, se ha exacerbado un gravísimo problema que ya desde el segundo semestre del año pasado preocupaba a las familias y a las empresas: el precio de la energía. Sin duda, la injusta invasión de Ucrania y la situación internacional ha agravado la situación, y aunque España no dependa mucho del gas ni del petróleo ruso, las empresas energéticas se han servido de la coyuntura y su dominio en el mercado para seguir en una senda inflacionista que venía de antes. El problema del precio de la energía hunde sus raíces en el sistema de determinación de precios europeo y en la composición del mercado nacional de empresas energéticas.
El mercado español, tanto en el ámbito del petróleo como el de la electricidad, se caracteriza por la escasa competencia, lo que determina que cualquier subida en los precios de las materias primas se traslada de forma inmediata al consumidor. Y, por el contrario, cuando éstas caen, el precio se mantiene en los niveles anteriores, lo que aumenta el margen de beneficio empresarial. Cualquiera que utilice un coche y esté atento a las noticias de los medios de comunicación ha observado con perplejidad este fenómeno.
En el caso de la electricidad, el problema se agrava por el sistema de fijación de precios europeo que vincula al gas, la fuente de energía más cara actualmente, el precio de la totalidad del megavatio. La combinación de este sistema con la presencia de unas empresas depredadoras que no paran de adquirir beneficios y que no dudan en amenazar con desinversiones y deslocalizaciones si el Gobierno con alguna tímida medida intenta recortar aquellos, forma un coctel desesperanzador que elimina las esperanzas de recuperación, desboca una inflación creciente, agota los presupuestos de la clase trabajadora de un país en el que los sueldos son un 26.4% menores a los de la zona euro. Nos lleva, en fin, al desastre económico y social.
Frente a esta situación, los de siempre claman por bajar impuestos, unos impuestos ya más bajos que los de la media europea. De hecho, bajar los impuestos a la electricidad fue la primera medida que se probó en el 2021, y esto no se trasladó a los precios, consiguiendo el efecto perverso de más beneficios para las empresas, menos para el sector público y unos precios que siguieron subiendo. Menos impuestos es, sencillamente, menos servicios sociales, menos sanidad, menos educación. Y este país, que acaba de pasar una pandemia, ya sabe en que se traducen para las personas estas políticas liberales.
La solución, sin duda, a medio plazo es democratizar el sector, alentar la competencia real, acabar con un oligopolio rampante, introducir empresas públicas correctamente gestionadas con elementos de referencia diferentes a los del mero beneficio de unos directivos cuyos salarios llegan al cielo y, también, modificar unos criterios de determinación del precio de la energía que actualmente no tienen sentido y que obstaculizan el tránsito a la sostenibilidad que pretendían impulsar. Y, mientras tanto, hay que establecer medidas rápidas que bajen los precios de la energía para las personas y las empresas que ya no pueden producir con unos costes que las abocan al cierre.
Todo ello pasa ya por limitar los beneficios de las empresas energéticas junto al precio de la energía, así como la adopción de medidas sociales para personas y empresas más afectadas. Nuestro sindicato, vería bien que este control de precios y beneficios fuera ahora sobre la energía, sin descartar otros bienes básicos -alimentación, materias primas, alquileres…-, si fuera necesario en el futuro.
Por todo ello, el día 23 de marzo vamos a salir a la calle en toda España, porque este país requiere medidas urgentes y sociales inmediatas frente a la crisis energética.
