En julio de 2013 el Gobierno Regional reordenó las funciones del ISSL quitándole su autonomía y asignándolo a la Consejería competente en materia de salud laboral
Esto ha supuesto que este organismo quede en el ostracismo desde hace años y sin que tenga peso específico en el control, asesoramiento y formación en temas de siniestralidad, quedando como mera unidad administrativa dependiente de la Dirección General de Trabajo.
La Secretaria de Salud Laboral de UGT-RM, Encarna del Baño, tras el incesable aumento de los accidentes graves y mortales en la región de Murcia en los últimos meses, ha manifestado en reiteradas ocasiones que el ISSL debería ser un organismo público encargado de la supervisión, formación, emisor de informes, análisis y estudios sobre siniestralidad laboral, que tiene campo de actuación suficiente y la necesidad es perentoria, habida cuenta del sangrante incremento de los accidentes laborales graves, muy graves y mortales acaecidos en nuestra región.
Desde enero hasta el 3 de septiembre de 2022, ya han fallecido 32 personas en accidente laboral, los cuatro últimos esta pasada semana, tres por golpes de calor en Fuente Álamo, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar y el último por un golpe en la cabeza en el parque industrial de Alhama de Murcia.
UGT ha llevado esta situación lamentable e insostenible al CASSLA, Consejo Asesor de Seguridad y Salud Laboral de la CARM, en el que UGT participa activamente. Desde el pasado mes de julio también se han venido celebrando reuniones en la nueva Mesa de Salud Laboral dentro del Consejo Asesor de Diálogo Social. A finales de julio en esta mesa de salud laboral se confirmó la llegada a primeros de septiembre de nuevos inspectores dedicados a la salud laboral. Desde UGT plantean también que no se subvencione a aquellas empresas que no cumplan con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Además, UGT va a pedir al Presidente del Gobierno Regional, Fernando López Miras, que el Instituto de Seguridad y Salud vuelva a tener el peso específico que tuvo en sus inicios, con autonomía y presupuesto propios para la emisión de dictámenes, investigación de accidentes, formación específica, rapidez en sus actuaciones y una mejor conexión con los agentes sociales sobre temas de seguridad y salud laboral.