UGT considera que existe un margen mayor de actuación. Es necesario adoptar otras medidas que protejan a los consumidores y sectores más vulnerables, que palien la pobreza energética y garanticen la competitividad de la industria, y especialmente de las pymes y autónomos
La aplicación del mecanismo ibérico, junto a otras medidas como la reducción de la fiscalidad, de los peajes y cargos, las modificaciones del bono social (incremento en los porcentajes de descuento, y de los límites de energía con derecho al mismo) han tenido buenos resultados. Han contribuido de forma eficaz a la moderación de la inflación, evitando los incrementos del precio de la electricidad que, de otro modo, se hubieran producido, y su consecuente efecto contagio sobre los restantes bienes de consumo y servicios.
Según fuentes del MITECO, el precio medio de la electricidad desde la aplicación de este mecanismo el 15 de junio de 2022, hasta el 29 de marzo de 2023, se ha situado en España en 120,92€/MWh, precio muy inferior al de otros países europeos como Francia (262,63€), Italia (294,69€) y Alemania (231,74€). Se adoptaron medidas extraordinarias y temporales, en un momento de crisis energética, provocada principalmente por la invasión de Rusia a Ucrania.
Sin embargo, ante la continuación de la crisis, UGT considera oportuno prorrogar las medidas que se han adoptado, y que han demostrado su eficacia, como lo hace el RDL 3/2023 que amplia siete meses (hasta el 31 de diciembre de 2023) el mecanismo ibérico, por el que se fija un tope al precio del gas que se utiliza para generar electricidad. Aunque no elimina por completo el efecto contagio del precio del gas natural sobre el precio de la electricidad, ofrece cierta protección en aquellos escenarios en los que el precio del gas natural se incremente por encima del referido umbral, lo que supone un seguro contra la incertidumbre y los potenciales precios excesivos que podría registrar el mercado eléctrico.
Desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores se considera importante reformar el sistema de fijación del precio de la electricidad en el mercado europeo, aprobar un nuevo Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), e introducir modificaciones en el bono social eléctrico y térmico que permita que las familias numerosas se consideren vulnerables y se beneficien automáticamente del descuento en parte de su factura eléctrica del 65% y disfruten del bono térmico, sin tener en cuenta su nivel de renta.
