Durante la última jornada del Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), se aprobó, a iniciativa de UGT, una resolución de condena contra la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, una decisión tomada por Donald Trump al final de su mandato que ha sido mantenida por la administración de Joe Biden y que implica un claro perjuicio no solo para la población cubana, sino también para aquellos trabajadores europeos que prestan servicio en empresas con actividad en el país caribeño.
La inclusión de Cuba en el mencionado listado implica fuertes restricciones económicas, como limitaciones para el intercambio comercial o el acceso a financiación internacionales, entre otras medidas coercitivas que afectan a la economía cubana y a las condiciones de vida de su población, ya gravemente perjudicada por la crisis económica que sufre la isla tras los efectos del COVID-19, la ineficacia de las medidas económicas implementadas en los últimos años y los efectos del vigente bloqueo comercial, económico y financiero.
Además, dichas limitaciones afectan seriamente a la posibilidad de promover políticas de cooperación internacional al desarrollo en la isla, incluyendo el apoyo a las necesidades más urgentes de la población cubana, como se demostró durante la pandemia.
Este tipo de sanciones económicas unilaterales contra Cuba, que carecen del apoyo internacional, tal como demuestran las resoluciones en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, no han producido ni uno solo de los efectos proclamados por sus impulsores y solo han servido para mantener el statu quo y deteriorar aún más la economía y las condiciones de vida en la isla.
La resolución, que contó con el apoyo de varias organizaciones sindicales europeas para su implementación, implica un llamamiento a la Unión Europea y a sus estados miembros, para que rechacen este tipo de políticas contra Cuba, que afectan directamente a las posibilidades de que la UE, así como su sociedad civil (incluyendo el movimiento sindical), continúen trabajando con los diferentes sectores de la sociedad cubana para el desarrollo de sociedades prosperas, con justicia social y democráticas. Muchos de los procesos iniciados en este sentido, se ven seriamente amenazados debido a la mencionada política unilateral norteamericana de sanciones económicas contra Cuba.
