El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha interpuesto una queja al Defensor del Pueblo, frente a las actuaciones que atentan contra el diálogo social, el derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical
En virtud de estos derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución y el Derecho Internacional, los sindicatos y las asociaciones de empresarios han desarrollado mecanismos de solución autónoma de conflictos en todas las Comunidades Autónomas (SERLA, IRMA, SERCLA, PRECO o el Tribunal Laboral de Catalunya, entre otros) y a nivel nacional (SIMA-FSP). El Estado que posee la competencia exclusiva en materia laboral no solo ha posibilitado que se pongan en marcha estos mecanismos, sino que los ha incorporado como parte obligatoria de determinados conflictos en el seno de las empresas.
Sin embargo, algunos responsables políticos de Comunidades Autónomas han comenzado una campaña de acoso a estos organismos y a los institutos y fundaciones que ejecutan las competencias en materia de mediación y arbitraje, que, como se ha indicado, son un desarrollo de una competencia estatal.
UGT tilda de anticonstitucionales decisiones como la restricción injustificada de la financiación de los servicios de mediación y arbitraje desarrollados por los agentes sociales. En este sentido, la Comunidad de Castilla y León ha reducido la financiación del Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA) de forma tan radical que pone en riesgo su propia existencia.
En este sentido, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha denunciado que “el SERLA está amenazado de muerte en función de las políticas contrarias al diálogo social que se hacen por parte del Gobierno regional”. Ha destacado “el papel constitucional que tiene el diálogo social y que tenemos los sindicatos” y ha apelado al presidente del Gobierno de Castilla y León a que “antes de oponerse a leyes que aún no están, se oponga y adopte las medidas oportunas para recuperar el diálogo social y para respetar el artículo 7 de la Constitución y el resto de los artículos que protegen el diálogo social, la negociación colectiva y el valor de los sindicatos”.
Luján ha hecho estas declaraciones durante su intervención en las jornadas que UGT desarrolla en León, para la difusión y promoción del SIMA: ‘Los organismos de solución autónoma de conflictos en la Negociación Colectiva y su desarrollo institucional a través del Art.37’.
Asimismo, ha recordado que “en los últimos 40 años nos hemos dotado de un sistema democrático de relaciones laborales, gracias al cual la economía española, los derechos de las personas trabajadoras y sus percepciones económicas han mejorado sustancialmente” y que “atacar el diálogo social y a los sindicatos, no solamente es atacar a la democracia y vulnerar la Constitución, también es atacar a la economía de las personas y las regiones”.
Otras conductas antisindicales
Otros ejemplos de conducta anticonstitucional sobre los que UGT también ha presentado queja ante el Defensor del Pueblo son los llamamientos a la reducción considerable de subvenciones a sindicatos y patronal recogidos en los acuerdos de Gobierno del Partido Popular y el Partido Vox (puntos 55 y 25 del acuerdo para la formación de un Gobierno de coalición entre el Partido Popular y el Partido VOX en Extremadura y Murcia, respectivamente).
Ante todas estas actuaciones, UGT solicita al Defensor del Pueblo que advierta a los Gobiernos Autonómicos, en general, de su obligación de revertir todas las decisiones que pongan en riesgo la actuación de las organizaciones sindicales, impidiéndoles el desarrollo de las funciones que constitucionalmente tienen encomendadas.
En particular, el sindicato reclama al Defensor del Pueblo que pida el cese de toda conducta que ponga en riesgo el ejercicio de los instrumentos de mediación y arbitraje diseñados por los agentes sociales. Dichas conductas son contrarias a la Constitución, vulneran la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, el diálogo social y la competencia exclusiva del Estado en materia laboral.
También, le insta a que recomiende a los Gobiernos Autonómicos a que no adopten ninguna decisión que pueda impedir o lesionar los instrumentos de solución autónoma de conflictos.
