La implementación de políticas que pongan freno a la burbuja de la vivienda y reequilibren su precio con los ingresos de las familias trabajadoras debe ser una de las máximas prioridades de este 2025.
15/01/2025
Los datos del IPC de diciembre, publicados hoy por el INE, sitúan la inflación anual en un 2,8%, cuatro décimas más que en noviembre. Este repunte se explica, principalmente, por el encarecimiento mensual de los carburantes y lubricantes (+1,1%), frente a la bajada del 4% experimentada un año atrás. Con todo, la tasa media de inflación en 2024 asciende al 2,8%, ocho décimas por debajo de la alcanzada en 2023 (3,6%). Respecto a las previsiones para 2025, los principales organismos estiman una inflación menor, en torno al 2%.
En cuanto a la inflación subyacente, que recoge la inflación de componente más estructural, aumenta dos décimas respecto al mes anterior, con una variación anual del 2,6%. El promedio al cierre del año se sitúa en el 2,9%, habiéndose reducido más de la mitad respecto al año anterior (6,1%) y dejando atrás los peores momentos de la crisis inflacionista.
En lo que respecta a los incrementos anuales más destacados durante este mes, destaca el chocolate (23,9%), la electricidad (18,6%), los paquetes turísticos (12,4%) y el gas (10,1%). En sentido contrario, el azúcar (-13,9%), el aceite de oliva (-12,3%) o los combustibles líquidos (-10,9%) registran los descensos de precios más señalados.
Así, en 2024 se ha producido una moderación en el ritmo de crecimiento de los precios, sobre todo en los alimentos, que pese a seguir encareciéndose (3,5% anual en 2024, 8,2 puntos menos que en 2023), lo hacen con menor intensidad. No obstante, los elevados márgenes empresariales, que han registrado niveles récord a lo largo del año, deben reducirse a corto plazo para impulsar el proceso de desaceleración de los precios.
En cuanto a la evolución salarial, siguiendo los criterios fijados en el AENC 2023-2025, se registra un incremento medio superior a la inflación general (2,8%). En los convenios firmados en 2024, el crecimiento ha sido del 3,7%, mientras que la subida media de todos los convenios alcanzó el 3,1%, por lo que buena parte de la población trabajadora ha podido ganar poder adquisitivo.
Es necesario que esta política salarial se refuerce y consolide en 2025, además de incrementar también la cobertura de las cláusulas de garantía salarial, que protegen al 34,5% de las personas trabajadoras frente a desviaciones imprevistas de los precios, muy lejos del 70% que se alcanzaba antes de la crisis de 2008.
También es esencial establecer controles eficaces sobre el precio de algunos bienes básicos, como es el caso de la vivienda. En los últimos, años su coste se ha encarecido tanto que, a pesar de la mejora salarial, se ha terminado convirtiendo en un gasto excesivo o inasumible para el bolsillo de muchos trabajadores y trabajadoras, produciéndose una vulneración sistemática de este derecho. En consecuencia, la implementación de políticas que pongan freno a la burbuja y reequilibren su precio con los ingresos de las familias trabajadoras debe ser una de las máximas prioridades de este 2025.
