CC OO y UGT dan por cerradas las 36,5 horas semanales a partir de junio de 2023

“En este momento seguimos negociando con todas las organizaciones sindicales, pero no hay ningún acuerdo cerrado”, ha dicho Marcos Ortuño, al tiempo que recordaba “el elevado coste” del acuerdo, “que supondrá un esfuerzo presupuestario”.

Los secretarios generales de ambos sindicatos, Santiago Navarro y Antonio Jiménez, respectivamente, han comparecido este jueves en rueda de prensa para dar a conocer el resultado definitivo de las negociaciones que han mantenido con el Ejecutivo regional.

Navarro y Jiménez sostienen que el preacuerdo para recuperar la jornada de 35 horas semanales entre 2023 y 2024 está cerrado y han señalado que están a la espera de que la Consejería de Hacienda convoque la Mesa General de la Función Pública para ratificarlo. También quieren que haya una firma oficial con el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras. Han recordado que el presidente también se hizo la foto de la firma con el Sindicato Médico tras el acuerdo alcanzado a finales del pasado año.

Santiago Navarro incluso ha manifestado que se trata de “un acuerdo histórico” y se ha mostrado partidario de “dar la oportunidad a otros sindicatos para que se sumen”.

Aseguran que en realidad hay un preacuerdo desde el 1 de marzo, aunque existía un pacto de discreción entre ambas partes, por lo que no lo han dado oficialmente por cerrado hasta ahora.

Ambos han explicado que en las conversaciones con la Comunidad se habían planteado dos calendarios: empezar a aplicar la 36,5 horas en abril de este año y las 35 horas en septiembre de 2024 o aplazar el recorte de una hora hasta junio de 2023 y aplicar las 35 horas en junio de 2024.

Finalmente, el preacuerdo ha recogido la última de ambas opciones, de forma que a partir del 1 de junio trabajarán una hora menos los funcionarios de la Administración y los empleados del SMS.

Antonio Jiménez ha apuntado que iniciar la reducción de jornada el 1 de abril resultaba demasiado precipitado, por lo que se ha decidido descartar esta opción.

Los sindicatos han pretendido en todo momento que el recorte en las horas de trabajo se empiece a aplicar en el segundo trimestre del año.

Por su parte, el Gobierno intenta aplazarlo hasta el mes de septiembre y da largas a la firma, mientras que CC OO y UGT quieren que se produzca cuanto antes.

El próximo día 22 de marzo se celebran las elecciones sindicales en Administración y Servicios y en el Servicio Murciano de Salud (SMS), a las que están convocados más de 35.000 funcionarios, por lo que no quieren perder esta baza.

La Comunidad tiene unos 60.000 empleados públicos, pero los profesores votaron a sus representantes sindicales el pasado mes de diciembre.

Santiago Navarro y Antonio Jiménez habían pedido una reunión urgente al jefe del Ejecutivo regional para este miércoles, que no ha llegado a producirse, aunque a lo largo de la jornada mantuvieron contactos con el consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, y con la directora general de Función Pública, Carmen María Zamora.

Ambas organizaciones quieren que el acuerdo quede firmado cuanto antes y que se ratifique en la Mesa General la fecha definitiva para aplicar la reducción de una hora de trabajo a la semana en Administración y Servicios y en el SMS, que acortará la jornada a 36,5 horas a partir del 1 de junio.

 La hora y media restante se recortará el próximo año con el fin de repartir el coste de las contrataciones necesarias para cubrir los reajustes de turnos y horarios en dos ejercicios.

A los profesores se les recortaría una hora el próximo mes de septiembre, cuando empiece el nuevo curso, y otra en septiembre de 2024.

 La negociación con la Comunidad Autónoma ha abierto una pugna con el resto de sindicatos representados en la Mesa General de la Función Pública. Otras organizaciones, como el Sindicato Médico, tratan de evitar que la firma del acuerdo con CC OO y UGT se escenifique antes del día de las elecciones sindicales, dado que beneficiaría a los firmantes.

El Ejecutivo se apoya en las diferencias que existen entre las distintas organizaciones para ganar tiempo y retrasar la aplicación del recorte horario.

La Consejería de Hacienda ha cifrado en unos 130 millones el coste de la recuperación de las 35 horas, dado que el reajuste de turnos exigirá una ampliación de plantilla y la incorporación de varios miles de contratados.

FSES, la federación integrada por el sindicato de enfermería Satse y el de Educación ANPE, hizo público un comunicado este miércoles en el que recuerda que «es el sindicato mayoritario» y reclama «la convocatoria urgente de una Mesa General para implantar la jornada laboral de 35 horas semanales para todos los empleados públicos».

Reprocha a CCOO, UGT y CSIF que «en 2018 firmaran un acuerdo junto con el ministro (Cristóbal) Montoro, que vendieron como ‘histórico’, en el que se permitía negociar la implantación de las 35 horas únicamente a aquellas comunidades autónomas que en el ejercicio presupuestario anterior hubieran cumplido los objetivos en materia de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto».

Como la Región no cumplía estos requisitos, la recuperación de la jornada de 35 horas no ha sido posible hasta que el acuerdo alcanzado por CC OO y UGT con el Ministerio de Hacienda el pasado mes de septiembre levantó el veto a las comunidades con déficit.