Que la reforma laboral esté dando sus frutos no significa que no debamos seguir protegiéndola. Desde que desplegó todos sus efectos, mes de abril, se han suscrito más de cinco millones de contratos de trabajo, de los cuales casi 2,5 millones, el 45,5% del total, lo han sido por tiempo indefinido. Está adelgazando sustancialmente la temporalidad y los contratos de trabajo de muy corta duración, y la creación de empleo está batiendo récords, superando los 20,3 millones de personas ocupadas. La reforma laboral, que está siendo un caso de éxito, demuestra que es posible superar la enquistada conflictividad y los elevados índices de crispación que lastran las enormes capacidades que tenemos como país.
La reforma laboral, que está siendo un caso de éxito, demuestra que es posible superar la enquistada conflictividad y los elevados índices de crispación que lastran las enormes capacidades que tenemos como país
La Constitución Española señala, en su Título Preliminar, que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Es en este Título Preliminar donde se regulan los rasgos más sobresalientes del Estado democrático que nos hemos dotado. Es aquí, en su art. 7, donde se quiere dar relevancia a la función de los sindicatos, y de las asociaciones empresariales, para la defensa y la promoción de los intereses económicos y sociales que nos son propios.
Estos requisitos se exigen para poder ser parte de la Europa democrática. En Europa, según el Tratado constitutivo de la Unión, los interlocutores sociales pueden pedir conjuntamente la aplicación de los acuerdos fruto del dialogo social, transformando estos en una directiva para su trasposición a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Se trata de uno de los pilares de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores.
En España, el dialogo social alcanzó, el pasado 23 de diciembre, un logro sin precedentes en el que por primera vez una reforma laboral está sirviendo para recuperar derechos de las personas trabajadoras. Era inédito en nuestra democracia que una reforma de este calado consiguiese la aceptación de todas las partes intervinientes en el Diálogo Social. Preocupaba a los firmantes que esta ley especial, elaborada por negociación, diálogo, concertación y consenso, sufriera, durante su convalidación parlamentaria, alguna alteración que pudiera descompensar los equilibrios logrados hasta romperlos.
Por eso, no nos ha extrañado que aquellos que atacan la construcción constitucional y democrática del diálogo social como método de creación de normas laborales, hayan impugnado ante el Tribunal Constitucional el texto pactado, objetando directamente el acuerdo alcanzado. No les inquieta que las autoridades europeas vincularan una importante cantidad del dinero de los fondos Next Generation, 140.000 millones de euros, destinados a la recuperación de nuestra economía tras la pandemia, a la consecución en plazo de la avenencia social. La tesis de los impugnantes contra la pactada reforma laboral es que no era urgente combatir el problema de la excesiva tasa de temporalidad, casi el doble de la de nuestros socios europeos, ni necesario batallar frente a una lacerante precariedad laboral.
Ese grupo político tiene como objetivo la modificación de las relaciones laborales atacando la concertación alcanzada mediante la interlocución social. Su aspiración, mostrando su rechazo a los mecanismos de diálogo es dinamitar el imprescindible papel constitucional de los sindicatos y las asociaciones empresariales en la consecución de un sistema de entendimiento social verdaderamente democrático.
La UGT ha decidido intervenir en la discusión ante el Tribunal de Garantías Democráticas, mediante nuestra personación frente al grupo impugnante de la reforma, defendiendo la importancia del diálogo social como fórmula, profundamente europea y democrática, de regulación del mercado de trabajo, consecuencia del papel que nos reserva el art. 7 de nuestra norma fundamental de convivencia.
Mariano Hoya es Vicesecretario general de Política Sindical de UGT
Artículo de opinión publicado en ‘El Siglo de Europa’
