El debate sobre las reglas fiscales debe realizarse de la manera más democrática posible

Los ministros de economía y finanzas de los países miembros se han reunido este jueves 9 de noviembre en el Consejo de la Unión Europea. Este ECOFIN estaba marcado en el calendario como uno de los definitivos para terminar de asentar un acuerdo sobre las nuevas reglas fiscales. Sin embargo, la Presidencia española, ha anunciado una nueva reunión extraordinaria para finales de este mes, que resultaría necesaria para poder cumplir con los plazos y presentar una propuesta definitiva el 8 de diciembre.

Por otro lado, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, también informó de que se está trabajando en un documento de aterrizaje, el cual debería servir como base para la propuesta final que se someterá finalmente a votación y que trataría de integrar las diferentes posturas. Actualmente existen posiciones muy divergentes entre los países miembros. En especial, toma relevancia aquella que enfrentaría a Francia y a Alemania por el establecimiento de criterios comunes de reducción de deuda para todos los países. El ministro de finanzas alemán, Christian Lindner, se ha posicionado ya a favor de endurecer el ajuste y exigir un 1% de reducción de deuda anual para aquellos miembros que superen un 3% de déficit y un 60% de deuda pública sobre el producto interior bruto. Mientras, la posición francesa se inclinaría por una flexibilidad mayor en torno a ajustes individualizados que doten de mayor capacidad a los Estados para cumplir con las necesidades de inversión.

La tarea de la Presidencia española es por tanto la de acercar unas posiciones que actualmente se encuentran muy divididas entre los ministros de finanzas. Al mismo tiempo, desde el Parlamento Europeo, órgano que debe someter a votación la propuesta que salga del Consejo, se han llegado a registrar más de mil enmiendas al texto inicial que elaboró la Comisión, reafirmando una falta de consenso que ni siquiera logra posiciones comunes dentro de los propios grupos políticos. Entre las enmiendas presentadas por los grupos progresistas se encuentran propuestas que cuestionan una supuesta convivencia de la propuesta actual con el cumplimiento de los objetivos comunes de la Unión. Por ello, se ha hecho especial hincapié en una mejor defensa de las inversiones estratégicas y en un ajuste ligado al contexto económico de cada país, para evitar políticas pro cíclicas en momentos de recesión que podrían acabar llevando a una vuelta a la austeridad.

La UGT, junto con el resto de organizaciones que componen la CES, critican la actual propuesta que existe sobre la mesa y alertan del posible peligro de que la propuesta alemana y del resto de países frugales termine por incidir en un debate actual que marcha a contrarreloj para llegar a un acuerdo antes de final de año. Frente a ello y frente al peligro que supondría tener unas reglas fiscales insuficientes, los sindicatos exigen que la negociación se realice de la forma más democrática posible, teniendo en cuenta tanto a los interlocutores sociales como a la ciudadanía europea representada en la Eurocámara.

Para ello, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores pide que, frente a la inmediatez y a la pérdida del control democrático dentro de los trílogos europeos, se prioricen unas negociaciones bien consensuadas y donde se tengan en cuenta los derechos de la clase trabajadora europea y los objetivos sociales comunes, aunque estas no alcancen un acuerdo inminente. Además, frente a la ya anunciada vuelta a la aplicación de las reglas fiscales para el año próximo, una prórroga de la cláusula de salvaguardia hasta 2025 resultaría preferible frente a una vuelta a las reglas anteriores. De esta forma se podría negociar una nueva gobernanza sin el condicionamiento de un retorno a la austeridad y a las graves consecuencias que sufrió la población europea en la década posterior a la crisis financiera.