La no aprobación de la exención tributaria a las indemnizaciones en la tramitación parlamentaria de las enmiendas discrimina a las víctimas del amianto respecto a otros colectivos que sí gozan de esta prerrogativa y convierte al Fondo en un instrumento ineficaz para compensar a las personas que perdieron la salud y la vida por su exposición a este agente cancerígeno
La Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del amianto, UGT y CCOO hemos tenido conocimiento de la decisión del Gobierno de comunicar a la Mesa del Congreso de los Diputados el veto a las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios de UP, PP, ERC y EH Bildu a la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 que proponían el establecimiento de una exención tributaria para las indemnizaciones previstas en la recientemente aprobada Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Dicho veto se apoya en el artículo 134.6 de la Constitución Española que prevé que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”.
Las enmiendas fueron presentadas por los grupos parlamentarios a propuesta de FEDAVICA, CCOO y UGT y pretendían evitar que las víctimas del amianto que acepten las indemnizaciones previstas en dicha Ley se vean obligadas a cotizar en el IRPF entre el 45% y el 47%, no sólo del importe de esas indemnizaciones, sino del conjunto de los ingresos de ese ejercicio fiscal, incluidas rentas del trabajo o pensiones.
Esta decisión del Gobierno, a instancias del Ministerio de Hacienda dirigido por María Jesús Montero, desvirtúa el objetivo pretendido con la creación del Fondo de compensación de las víctimas del amianto, que no era otro que evitar a las personas afectadas todos los complejos trámites administrativos y judiciales para acceder a una indemnización de las empresas responsables de la exposición a este cancerígeno, que se demoran durante años y que en demasiadas ocasiones se sustancia cuando la víctima ya ha fallecido.
El Gobierno no sólo convierte el Fondo del amianto en un instrumento ineficaz con esta decisión, sino que discrimina a las víctimas del amianto respecto a otros colectivos que sí gozan de esta exención tributaria como es el caso de las víctimas del terrorismo o del VIH. FEDAVICA, UGT y CCOO consideramos que la decisión del Ministerio de Hacienda revictimiza a las personas afectadas por el amianto y las convierte en víctimas de segunda categoría, máxime cuando el Estado español tiene una responsabilidad directa en los daños a su salud al haber permitido durante décadas el uso y comercialización del amianto a pesar de existir evidencia científica sobre su letalidad y de haber sido advertido de ello por la comunidad científica y los sindicatos de clase.
A todo ello se une la paradoja de que el Fondo del amianto podría continuar litigando contra las empresas responsables de las exposiciones y de los daños a las víctimas, en virtud de la subrogación prevista por la Ley. En esos casos, las indemnizaciones que pudiera obtener el Fondo por vía judicial estarían exentas de tributación, mientras que las víctimas que perdieron la salud o a un familiar cercano ya habrían tenido que hacerlo.
FEDAVICA, CCOO y UGT advertimos a los grupos parlamentarios de este hecho durante la tramitación de la Ley 21/2022 en el Congreso de los Diputados y solicitamos la inclusión de la exención en el articulado de la Ley. En ese momento las portavoces del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso nos indicaron que era mejor su no introducción para facilitar la aprobación de la Ley en el Congreso y sugirieron que podría incluirse durante el trámite en el Senado o en la tramitación de la Ley de los PGE. Posteriormente, el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado nos indicó la imposibilidad de incluirlo en la Ley, pero se comprometieron en organizar una reunión conjunta de nuestras entidades, con los grupos parlamentarios socialistas y con los Ministerios de Hacienda y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para facilitar la exención tributaria de las indemnizaciones del fondo del amianto. Dicha reunión no se ha producido en ningún momento y, en cambio, nos enfrentamos al veto del Gobierno a su inclusión en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Desde FEDAVICA, UGT y CCOO nos vemos obligados a manifestar que hemos sido engañados durante la tramitación de la Ley por parte de los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista tanto en el Congreso como en el Senado, pero lo más grave es que se traicionan el espíritu de la propuesta de un Fondo de compensación de las víctimas del amianto que llevábamos quince años reclamando y las expectativas generadas entre un colectivo maltratado que ha sufrido unos daños irreparables.
Por todos estos motivos estamos estudiando convocar acciones para exigir al Gobierno que rectifique su decisión y se comprometa públicamente a incorporar las indemnizaciones del Fondo del amianto entre las rentas exentas de tributación del IRPF. Y para ello estamos estudiando la convocatoria de acciones para hacer visible la discriminación que están sufriendo las víctimas del amianto.
