La vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, ha intervenido en el capítulo dos del Programa de Acción de la Confederación Europea de Sindicatos: ‘Juntas y juntos para cambiar el futuro de trabajo para bien’.
Durante su participación esta mañana en el XV Congreso estatutario de la CES ha puesto en valor el trabajo de este organismo sindical y de su Comité de mujeres, para conseguir, a través de la presión y negociación, con el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, grandes avances legislativos en pos de la igualdad real entre hombres y mujeres y en contra de la violencia que sufren éstas últimas. En este sentido se ha referido a la aprobación de la ‘Directiva por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor, a través de medidas de transparencia retributiva y de mecanismos para su cumplimiento. ‘Una directiva que ha sido publicada hace una semana en el Diario Oficial de la UE. Ha recordado que han transcurrido tres años desde que la presidenta de la CE, Úrsula Von der Leyen, se comprometiera a establecer medidas vinculantes de transparencia salarial durante los primeros 100 días de su mandato. Esta Directiva ‘beneficiará a millones de trabajadoras en Europa en un futuro cercano y permitirá ir eliminando la brecha salarial’.
La lucha contra la violencia a las mujeres
Asimismo, ha resaltado que hay una brecha más grave que la económica, la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Antoñanzas ha remarcado que el 8 de marzo del año pasado, la CE presento una propuesta de Directiva relativa a la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica ‘que, aunque aporta avances concretos, no es suficiente’. Por ello ha reclamado ‘mejoras urgentes’ para lograr que los lugares de trabajo sean centros seguros para todas las trabajadoras’. Hay cuatro áreas en las que hay que seguir incidiendo: reconocer el papel de los sindicatos; proteger a las víctimas de ciertas formas de violencia cibernética; obligar a los empleadores a actualizar e implementar políticas para prevenir la violencia y el acoso; y abordar la violencia doméstica como un problema en el lugar de trabajo.
Ha destacado que el trabajo de la CES ha sido fundamental para que la UE se adhiriera al Convenio de Estambul, pero quedan aún 6 países que todavía no han ratificado este convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.
Antoñanzas ha resaltado también que hay que impulsar la ratificación del Convenio 190 de la OIT, que fue aprobado en junio de 2019.’Seis años después de que la UE firmara este Convenio, el primer instrumento internacional legalmente vinculante para prevenir y combatir la violencia contra mujeres y niñas, y a pesar de los múltiples llamamientos del Parlamento, aún no había sido ratificado por la negativa de algunos Estados miembros. ‘Solo 3 países europeos lo han ratificado, aunque mañana serán 4’. El día 25 de mayo, entrará en vigor en España.
Ha recordado que este Convenio ‘responde a la propuesta y la demanda que las organizaciones sindicales hemos hecho durante años para que se creara un instrumento para proteger a las víctimas de las situaciones de violencia, acoso y violencia de género en el ámbito laboral a nivel internacional’. Junto a la recomendación 206 que lo acompaña, se contará con un marco común de acción y una oportunidad única, en el ámbito internacional, ‘para dar forma a un futuro del trabajo basado en la dignidad y el respeto, reconociendo el derecho de toda persona a un mundo libre de estos comportamientos y prácticas intolerables, atentatorias de los derechos humanos y de la igualdad de oportunidades, inaceptables e incompatibles con el trabajo decente’.
Movilidad laboral
La vicesecretaria general de UGT también se ha referido a la movilidad en el interior de Europa y a la migración procedente del exterior, provocada por la necesidad económica de trabajadoras y trabajadores. ‘Una circunstancia que es aprovechada para vulnerar derechos laborales e imponer condiciones de trabajo no aceptables. Es preciso luchar contra una movilidad basada en la precariedad, que beneficia en exclusiva a determinados empleadores e intermediarios, y perjudica tanto el empleo, como la protección futura de los trabajadores móviles’.
Por último, ha manifestado la preocupación del sindicato por la inacción de gobiernos que parecen considerar que ‘agencias privadas de colocación y empresas de trabajo temporal, que obtienen ganancias del trabajo precario, son un elemento más de la economía’.
