La vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, comparece en la Comisión de Igualdad del Senado sobre el impacto de género de la COVID y sus consecuencias en nuestro país
Una comparecencia en la que ha afirmado que la pandemia “ha evidenciado en mayor medida los desequilibrios y desigualdades de género entre mujeres y hombres y ha puesto de manifiesto importantes déficits de nuestro estado de bienestar y de protección social”. Asimismo, ha reconocido que la crisis sanitaria también “ha puesto en valor el papel de la mujer en el mantenimiento y crecimiento de todo el tejido productivo español, ya que, gracias a nosotras, la economía de este país no cayó en picado durante el año 2020”.
Cristina Antoñanzas ha recordado que la mayoría de actividades fundamentales durante la COVID “corrieron a cargo de las mujeres, tanto en el sector del comercio como en el sanitario, educativo o el de la dependencia. Los hechos han dejado más claro que nunca que la crisis de cuidados es un problema estructural y global que requiere respuestas políticas que estén a la altura para poder resolver los graves problemas sociales, económicos y de desigualdad que conlleva y que injustamente recae mayoritariamente sobre las mujeres”.
Sin embargo, y a pesar de considerar que “el problema de la brecha de género persiste, desde la crisis sanitaria se han impulsado medidas a través del diálogo social que han sido muy beneficiosas para el conjunto de la población, en general, y para las mujeres en particular, como el Ingreso Mínimo Vital, los ERTE, el trabajo a distancia o los reales decretos de planes de igualdad y de igualdad retributiva”.
Propuestas específicas para mejorar la igualdad de género y oportunidades
Para la vicesecretaria general de UGT, estas medidas “fueron impulsadas en un marco muy complicado y por la vía de urgencia, por lo que se deberían hacer cambios estructurales en nuestro mercado de trabajo para que las mujeres no nos sigamos viendo perjudicadas en sucesivas crisis”, ha manifestado.
Cambios como “la implantación de la jornada laboral de 32 horas, que facilitará la conciliación de la vida personal y la profesional; la flexibilidad horaria, siempre acordada con la persona trabajadora; los permisos para cuidados retribuidos; y las escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años, los centros de día y residencias de mayores en todo el territorio, sin olvidarnos del medio rural. Es decir, unos servicios públicos gratuitos, de calidad y accesibles que pongan en primer lugar a las personas”.
Además, ha señalado la necesidad de “cumplir los acuerdos alcanzados en materia de igualdad por parte de las empresas; combatir la violencia machista desde los centros de trabajo, adoptando protocolos de acoso sexual y acoso por razón de sexo, incluyendo el acoso sexual y sexista cibernético, en línea con el Convenio 190 de la OIT que entrará en vigor ya el 25 de mayo en nuestro país; y depositar el instrumento de ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo digno de las trabajadoras del hogar”.
