Publicado en el diario La Verdad de Murcia, el 12 de agosto de 2022
En mitad de una temporada fuerte para la hostelería en la Región, el convenio colectivo del sector ha vuelto al disparadero mediático, y, de nuevo, no por las mejores razones.
De todos es sabido que los esfuerzos hechos por UGT y CCOO para tratar de desenquistar unas negociaciones que se prolongan desde hace 14 años, se han dado de bruces con una parte de la patronal, que ha despreciado el contenido del acuerdo alcanzado, en lugar de arrimar el hombro, para enriquecer y materializar un texto que modernice y devuelva la dignidad al sector.
Por recordar mínimamente de dónde se viene, conviene traer a colación la fecha 31 de diciembre de 2008. Ese día expiró la vigencia del actual convenio de hostelería y, desde entonces, hemos visto pasar dos reformas laborales, doce actualizaciones del SMI, dos crisis económicas mundiales, el estallido de una guerra en Europa y una crisis inflacionista no vista desde los años 80.
Uno de los sectores en los que la pandemia tuvo un impacto más directo y notorio fue la hostelería. Para paliar este impacto, y con toda lógica, las Administraciones se volcaron con el sector articulando planes que contemplaban ayudas millonarias, préstamos, avales, cesiones de espacios públicos, y múltiples y variadas reducciones o exenciones de tasas y tributos. Dos de cada tres trabajadores y trabajadoras del sector pasaron por un ERTE, durante el que cobraron prestaciones por desempleo que, obviamente, reducían unos ingresos ya maltrechos (compuestos, además, en no pocos casos, por una parte en “b”). Otros, sobre todo trabadores temporales, se fueron directamente a la calle.
Mientras tanto, el convenio seguía en punto muerto, salvo un par de acuerdos puntuales previos a la pandemia, que ni siquiera sirvieron para mantener las retribuciones de la mayoría de las categorías por encima del salario mínimo interprofesional vigente. “Ahora no toca”, “está la cosa muy mal”, “no podemos pagar las bajas”, “hay que hacer tabla rasa con los años de congelación”…
No es de extrañar que, en esas circunstancias, más de cuatro mil trescientos trabajadores de la hostelería murciana la hayan abandonado para buscar mejor suerte en otro lugar (como Almería o Alicante, donde se pagan, en determinadas categorías profesionales, trecientos y quinientos euros más al mes), o, directamente, en otro sector, donde las jornadas de doce horas, las extras en negro o la imposibilidad de conciliar no sean el pan de cada día.
En esta temporada los hoteles de la Región ya han recuperado sus niveles de ocupación pre-covid, incluso, en algunas zonas de la costa, han superado los registros de 2019, que fue un año histórico para el turismo regional, como reconocía hace poco el presidente de HoyTú en una entrevista. Los precios de los servicios de alojamiento han crecido un 13,9%, solo en este último año; los servicios de restauración y comedores, un 6,5%; y los paquetes turísticos, un 10,6%. Y, así las cosas, dicen algunos representantes patronales, que faltan camareros. Ah, bueno, y que son los sindicatos los que han estado desaparecidos y no están interesados en negociar.
Me da la impresión de que lo que falta es una estructura de representación del sector empresarial hostelero capaz de entender que un convenio colectivo no es una herramienta a su servicio para mantener petrificados los costes salariales y las condiciones de trabajo. El convenio colectivo es un instrumento de distribución equitativa de la riqueza, que genera actividad, es una garantía contra la competencia desleal entre empresas, es el marco más eficaz para modernizar la organización del trabajo, para comprometer la mejora de la formación y capacitación profesional, para generar mecanismos que propicien la estabilidad en el empleo -que beneficia tanto a empresas como trabajadores- y, en definitiva, para mantener dinámicas y productivas las relaciones laborales.
Por ello, se debe seguir del lado del diálogo y la negociación, para no deteriorar la situación laboral -y la reputación- de un sector que aporta el 11,2% del PIB regional, y respecto del que también la Administración Regional debería responsabilizarse.
Hasta ahora, poco o nada se ha discutido del contenido concreto del acuerdo recientemente alcanzado; solo se ha puesto en duda la legitimación de la parte empresarial que lo firmó, cosa que tendría sencillísimo arreglo si se suma a él la patronal agraviada que se considera única legitimada. Estaría bien escuchar su parecer sobre una subida salarial absolutamente razonable en el actual contexto de inflación -un 12,05% en tres años-, previa actualización de las retribuciones al SMI, la equiparación de derechos entre parejas de hecho y matrimonios, la mejora de los descansos semanales, la regulación de los fijos discontinuos, la creación de una bolsa de empleo o la adquisición de compromisos para mejorar la formación, que son, entre otras, las cuestiones que el nuevo acuerdo aborda.
Toca volver a colgar el cartel de “se busca patronal para negociar convenio digno”, esperando que quien acuda al reclamo lo haga, por fin, habiéndose sacudido mentalidades obstruccionistas y cortoplacistas que está desangrando la hostelería murciana, como atractivo turístico y como opción laboral.
Artículo publicado en La Verdad de Murcia, el 12/08/2022
Antonio Jiménez Sánchez es secretario general de UGT de la Región de Murcia
