El gobierno de España ya ha confirmado, a través de la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, su decisión de iniciar el proceso para la retirada definitiva del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), contrario a los intereses ciudadanos y el tejido productivo de nuestro país
Tras numerosas rondas de negociación para su renovación, infructuosas a la hora de incluir transparencia, adaptación a la transición ecológica y eliminación de los tribunales privados de arbitraje, el ejecutivo español ha confirmado que el TCE no supone ninguna ventaja para afrontar una transición justa y garantizar el acceso a la energía para los intereses de ciudadanos y el tejido productivo de España, tal como durante años ha mantenido la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores y amplios sectores de la sociedad civil.
En sus casi tres décadas de vigencia, el tratado de la carta de la energía ha resultado claramente perjudicial para los intereses económicos de España, que ha acumulado durante este periodo más de 10.000 millones de euros en reclamaciones de empresas privadas, debiendo pagar hasta el momento casi 1.000 millones de euros por los casos resueltos. De esta manera, el TCE se ha convertido en un instrumento para poderosas empresas transnacionales en su afán por limitar la capacidad de los Estados de introducir reformas democráticas tendentes a procesos de transición ecológica y a la garantía de acceso al derecho a la energía para el conjunto de la población.
Para UGT, la decisión de España pone en valor el resultado de la movilización y el trabajo conjunto de organizaciones sindicales y sociedad civil española y europea, liderada en España por la campaña “No a los TCI”, de la que UGT forma parte. De esta forma, el sindicato felicita a todas las organizaciones participantes de la campaña y renueva su compromiso por la construcción de alianzas sociales orientadas por la búsqueda de un modelo social y económico más justo y sostenible.
UGT también felicita al gobierno de España por la decisión, al reducir las posibilidades de limitar las decisiones gubernamentales por parte del poder corporativo y abrir nuevas posibilidades para la profundización de estrategias de transición justa que garanticen la protección del medioambiente y garantías de futuro sostenible para los territorios con presencia de industrias energéticas, lo que debe incluir una apuesta fuerte por la diversificación económica, la creación de nuevos empleos de calidad y el refuerzo de la protección social en zonas afectadas por políticas de transición.
La salida de España implica un valioso antecedente para su imitación por parte de otros países de la UE como Alemania, Francia, Países Bajos o Bélgica. En este sentido, la votación prevista para finales de octubre en el consejo de la Unión Europea (EU), respecto de la modernización del TCE, significa una oportunidad importante para poner un freno aún mayor a la ratificación de un nuevo TCE en la conferencia de Mongolia a finales de noviembre.
