El conjunto de medidas está orientado en una buena dirección, y pretende continuar con el propósito de limitar el impacto de la inflación en los hogares
Hoy se ha aprobado en Consejo de Ministros una nueva reedición de las medidas del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania que surgió tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania, siendo este el tercer paquete destinado a frenar el impacto de la inflación y las consecuencias del conflicto en la economía española. En total, las medidas aprobadas por el Gobierno se estima que tengan un coste de 10.000 millones de euros aproximadamente. A falta de un posterior análisis en mayor profundidad, UGT considera que estas actuaciones son acertadas, sobre todo tras el efecto que tuvieron las anteriores medidas.
El conjunto de medidas está orientado en una buena dirección, y pretende continuar con el propósito de limitar el impacto de la inflación en los hogares algo que ha sucedido al constatarse un descenso desde el 10,8% de tasa anual del IPC en julio hasta el 6,8%, valor en el que se encuentra en el mes de noviembre. No obstante, hace falta una mayor precisión a la hora de implementar algunas de las medidas para que puedan focalizarse en los hogares de menor renta, teniendo un efecto redistributivo y ayudando a reducir la pobreza y la desigualdad.
UGT también valoró positivamente los paquetes anteriores, principalmente por su rápida respuesta y porque supusieron un buen ejemplo sobre cómo afrontar las recesiones, a diferencia de las medidas de austeridad que se llevaron a cabo en la crisis de 2008. A continuación, se incluyen los principales cambios o las nuevas medidas anunciadas hoy:
Se aprueba una ayuda de 200 euros para las familias con rentas inferiores a 27.000 euros para paliar los efectos del incremento de los precios de los alimentos. Se trata de una de las medidas más positivas, porque cumple con los criterios de equidad vertical y horizontal, como sucedió anteriormente con las ayudas de 200 euros que se incluían en el último paquete. Según se ha indicado en la rueda de prensa, esta medida tendrá un alcance de hasta 4,2 millones de familias.
Rebaja del IVA del 4% al 0% de los productos agroalimentarios de primera necesidad y del 10% al 5% del aceite y la pasta hasta el 30 de junio de 2023. En este caso, como sucedía con la bonificación de los combustibles, no incluye un criterio que tenga en cuenta la renta de las personas que consumen esos alimentos, por lo que será regresiva al beneficiarse en mayor medida quienes más consumen, que son quienes más renta tienen, pese a que también beneficie en menor medida a los hogares con menos recursos.
Se elimina la bonificación general de 20 céntimos por litro de los combustibles. Se sustituye por una ayuda a los precios de los carburantes en los sectores más afectados, como son el transporte, la agricultura, el naviero o el sector pesquero. Supone una mejora respecto a la bonificación general, porque centra sus esfuerzos en los sectores que reciben un mayor impacto, pero sigue sin solucionar el problema de fondo, que se encuentra en la falta de competencia en el sector de la producción y distribución de combustibles. Sin embargo, echamos de menos que no se haya tenido en cuenta en mayor medida las personas y los territorios fuera de los núcleos metropolitanos que utilizan el coche obligatoriamente para desplazarse.
Fondo de ayudas directas a los productores agroalimentarios para afrontar el aumento de los precios de los fertilizantes. A falta de una valoración más exhaustiva cuando se conozcan las formas en las que se darán, esta actuación se centra en un sector crucial, como hemos comprobado tanto con la pandemia, como a lo largo de este año cuando pudimos constatar la dependencia extranjera que existe en algunos alimentos y que llevó a fuertes incrementos puntuales de los precios.
La gratuidad de los abonos para trenes de cercanías y media distancia también se prorrogará, pero se introduce una modificación para las ayudas del 30% que se otorgaban en los transportes públicos urbanos e interurbanos. Ahora esta ayuda del 30% sólo se dará en el caso de que la región se comprometa a aportar los recursos necesarios para que alcance el 50%. Esta medida es una buena noticia porque exige un compromiso también por parte de las comunidades autónomas para que persista una ayuda que tiene una doble vertiente, la de reducir el consumo de los combustibles en el uso de transporte privado y, gracias a esto, actuar para que el precio de los combustibles se reduzca.
Se darán ayudas por un valor de 450 millones de euros a los sectores gas intensivos, como sucede con el sector de la cerámica y otros subsectores. Previamente ya se habían dado paquetes de ayudas similares para sectores dependiente del gas y de la electricidad para su producción. Además, esta vez incluyen una línea de créditos ICO de hasta 500 millones de euros para otorgar liquidez a estos sectores gas intensivos.
Se mantienen también otras medidas que ya incorporaban los paquetes de marzo y junio, como la rebaja del IVA del gas y de la electricidad, así como el mantenimiento de la suspensión del tributo de generación y la reducción del impuesto a la electricidad, la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables y la congelación del precio máximo de la bombona de butano. Además, se mantiene el límite del incremento del 2% del precio en los contratos de alquiler. También se extiende la prohibición de los cortes de suministros esenciales o el aumento del 15% de las pensiones no contributivas y de las ayudas otorgadas por el Ingreso Mínimo Vital.
En definitiva, se trata de un grupo de medidas que mantienen el apoyo a las familias más vulnerables mediante medidas como el incremento del IMV, las pensiones contributivas o las ayudas de 200 euros, pero, a su vez, es necesario que se impulse la progresividad y la capacidad redistributiva de nuestro sistema evitando las rebajas generalistas del IVA, que no centran sus esfuerzos en quienes más lo necesitan.
Respecto al impacto en los sectores industriales que más comprometidos se encuentran, las ayudas van a permitir obtener un apoyo económico y una mayor liquidez para afrontar el incremento de sus gastos de producción. Además UGT celebra que se haya atendido a su reivindicación de prórroga durante otro año del contrato de relevo en la industria, que redunda en una jubilación parcial con mejores condiciones y en el mantenimiento del empleo.
También supone un acierto que se haga uso de una política fiscal expansiva para afrontar la coyuntura económica actual, donde hay una todavía elevada inflación y una desaceleración del crecimiento económico, al contrario que las respuestas que se han dado en otras ocasiones y que alargaron el periodo recesivo y ampliaron sus efectos negativos mediante la austeridad. Este tipo de respuesta ha permitido que la actividad económica no haya sufrido tanto como ha sucedido en otros países desarrollados, apoyado en una creación de empleo con mejores condiciones gracias a la reforma laboral.
Por último, cabe señalar que UGT quiere participar en nuevas reediciones de estos paquetes de ayudas para aportar ideas que beneficien a las personas trabajadoras y que sean efectivas para aminorar las consecuencias que la guerra en Ucrania está teniendo en nuestra economía.
