Mariano Hoya y Fernando Lujan, que han presentado el informe de UGT “El futuro de la Jurisdicción Social. Plazos de tramitación en los Juzgados de lo Social y propuestas para su agilización”, han denunciado que el atasco en los juzgados de lo social está al límite con el consiguiente perjuicio para los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
El Vicesecretario General de Política de Política Sindical, Mariano Hoya, y el Secretario Confederal, Fernando Luján han presentado el estudio elaborado por UGT, tras los datos recogidos por los Servicios Jurídicos del sindicato en los diferentes territorios sobre las duraciones medias y totales de los procesos judiciales, a fin de estudiar el cómputo concreto de retrasos en los órganos judiciales sociales.
Así, de los 371 juzgados de instancia social, en los llamados procedimientos ordinarios (aquellos que van a examinar casi en su totalidad la reforma laboral o el Ingreso Mínimo Vital), casi un 30% de los juzgados examinados tienen señalamientos superiores a los 18 meses. De no poner remedio, esto va a motivar que el Tribunal Supremo examine la reforma laboral a finales de esta década. Además, las medias en algunos Juzgados son de más de 38 meses de retraso para los procedimientos urgentes y de despido, y de hasta 54 meses para los juicios ordinarios.
Ambos dirigentes han mostrado “la preocupación de UGT” por este atasco en los juzgados de lo social. Una buena parte de ellos “están señalando en 2023-2024 y una parte significativa en 2025, existiendo casos límite, que están señalando en 2026” y han manifestado que “la respuesta judicial en materia colectiva, ha dejado de ser eficiente, perdiendo su prestigio y buena parte de su utilidad para la resolución de estos conflictos”.
Han recordado que la situación comenzó a deteriorarse con la crisis de 2008 y los retrasos en la celebración de los juicios y emisión de las sentencias empezó a ser grave a partir de 2012. Pero la pandemia de la Covid-19 y la suspensión de los plazos judiciales acordada durante meses ha empeorado la situación, a pesar de las medidas que se recogieron en el Real Decreto-ley 16/2020, del 28 de abril.
Andalucía y Catalunya las comunidades en peor situación
En la presentación de este informe también se han dado datos por Comunidades Autónomas, siendo Andalucía la región con más retrasos en la emisión de Sentencias ya que la mayoría de juzgados tienen retrasos muy considerables. Destaca Sevilla, cuyos retrasos llegan hasta los 36 meses para juicios urgentes y de despido, o 54 para juicios ordinarios.
Catalunya también se encuentra en una situación límite. Los datos extraídos de los llamados procedimientos ordinarios, reclamaciones de cantidad, pero también prestaciones por desempleo o pensiones de invalidez o jubilación son verdaderamente alarmantes. Todos los juzgados catalanes superan los doce meses de duración, 9 de ellos incluso los dos años, y varios en el entorno de tres años de duración.
Esta gran diferencia de los plazos entre unas Comunidades Autónomas y otras, incluso entre provincias, hace que la tutela judicial sea más efectiva en algunos lugares que en otros.
Solucionar el retraso judicial, que acaban pagando los trabajadores
UGT ha instado a que el Ministerio de Justicia apruebe, cuanto antes, el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia. Se trata de “mejorar el Servicio y reducir los tiempos de los procedimientos”. Han demandado, también, “mayores recursos humanos y materiales, incrementando el número de juzgadores, de letrados y letradas de la Administración de Justicia y del resto de los cuerpos judiciales”.
Asimismo, han mencionado otras propuestas como: impulsar una doble agenda de señalamientos, en relación con los procedimientos derivados del derecho del trabajo, donde exista la posibilidad de conciliación; incrementar la acumulación de acciones y procedimientos y ampliar la posibilidad de sentencias «in voice» u orales y que, una vez que se renueve, el Consejo General del Poder Judicial, fomente y vigile la tutela judicial social para que llegue efectivamente a las personas trabajadoras y a las empresas.
También han recordado la demanda de UGT de recuperar la regulación de los salarios de tramitación, previa a la reforma laboral impuesta por el Gobierno del Partido Popular en 2012, porque eso ayudaría a que los trabajadores/as puedan obtener una reparación material de las dilaciones indebidas que se produzcan en los juzgados. Y la necesidad de impulsar los medios de solución de conflictos extrajudiciales, como forma de alcanzar una pronta solución a los conflictos evitando su excesiva judicialización. Algo que deben promover las Administraciones Públicas.
Por último, han señalado que la jurisdicción social también necesita que finalice la parálisis del Consejo General de Poder Judicial, que lleva en funciones casi cuatro años. El nuevo Consejo debería nombrar los magistrados de la sala 4 del Tribunal Supremo, que es quien debe dirimir las controversias sociales en la reciente reforma laboral. Asimismo, han manifestado su esperanza de que el Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, de visita hoy en nuestro país, impulse el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial.
