Desde UGT manifestamos nuestra profunda decepción por la incapacidad de las fuerzas políticas para alcanzar un consenso que garantice la aprobación del Real Decreto-ley 9/2024, una norma esencial que suponía avances significativos en protección social y derechos fundamentales.
23/01/2025
La priorización de intereses partidistas por encima de las necesidades reales de las personas refleja no solo una preocupante falta de visión de Estado, sino también un desapego alarmante respecto a las dificultades que enfrentan millones de ciudadanos, especialmente los más vulnerables.
Impacto en las pensiones y las personas mayores
El Real Decreto-ley incluía la revalorización de todas las pensiones públicas en un 2,8%, asegurando el mantenimiento del poder adquisitivo para más de 10 millones de pensionistas. Asimismo, contemplaba incrementos del 6% en las pensiones mínimas contributivas y del 9% en las no contributivas, beneficiando a más de 460.000 personas, el 67% de las cuales son mujeres. Estos avances se alineaban con los compromisos adoptados en la reforma de pensiones de 2023 para situar estas prestaciones por encima del umbral de pobreza, un objetivo que ahora queda truncado.
Además, decae la mejora del complemento de brecha de género, cuya actualización del 7,8% iba a beneficiar a miles de mujeres, en un esfuerzo por reducir desigualdades históricas en el acceso a prestaciones. Igualmente, la revalorización de las pensiones no contributivas vinculada al Ingreso Mínimo Vital (IMV) queda paralizada, afectando a más de 2 millones de personas, de las que el 67% son mujeres.
Efectos en los colectivos más vulnerables
La no aprobación de esta norma también implica la eliminación de medidas cruciales como la suspensión de desahucios para familias vulnerables, la continuidad del bono social eléctrico y la garantía de suministros básicos de agua y luz. Estos beneficios, que representaban un alivio para 1.641.084 personas en 2024, ahora desaparecen, dejando desprotegidos a quienes más lo necesitan.
Retroceso en la movilidad y el empleo
El decreto contenía ayudas esenciales como las subvenciones al transporte público, que incluían descuentos de hasta el 50% o incluso gratuidad para ciertos colectivos, medidas que beneficiaban a millones de trabajadores y estudiantes. Su desaparición supone un impacto directo en la movilidad y el acceso a oportunidades educativas y laborales.
Deterioro de la sostenibilidad del sistema
A nivel contributivo, también decae el desarrollo de medidas pactadas en sucesivas reformas de pensiones desde 2021, dirigidas a garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Entre ellas, el incremento de la base máxima de cotización y la cuota de solidaridad para salarios superiores a esta base, que buscaban ajustar las cotizaciones a los ingresos reales de trabajadores y empresas. Asimismo, queda sin efecto la financiación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
Pérdida de derechos laborales y sociales
La no convalidación del Real Decreto-ley afecta, además, a cuestiones como la prórroga de la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2024, así como a mejoras en prestaciones vinculadas al complemento de ayuda a la infancia, que beneficiaban a casi 867.000 menores.
Ayer, 22 de enero, participamos en la negociación de la nueva cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2025. Desde UGT, reiteramos nuestro compromiso de trabajar para que el Real Decreto del SMI se publique en el BOE lo antes posible, aportando seguridad y certidumbre a las casi tres millones de personas que lo perciben.
Seguimos defendiendo que el SMI alcance el 60% del salario medio del país y solicitamos que se eliminen la compensación y absorción de pluses, además de recoger en el nuevo Real Decreto la aplicación inmediata en los convenios colectivos.
Sin embargo, si se ha convalidado el l Real Decreto-Ley 11/2024, lo que desde UGT valoramos debido, especialmente, a los avances alcanzados en torno a la jubilación parcial vinculada al contrato de relevo, un aspecto clave de este decreto.
La jubilación parcial y el contrato de relevo:
• Para el sector manufacturero: La extensión de la jubilación parcial hasta 2029 asegura la estabilidad de un sector estratégico para la economía española. Esta medida no solo protege a las personas trabajadoras de mayor edad, facilitando su transición hacia la jubilación, sino que también fomenta el relevo generacional mediante contratos estables e indefinidos. Desde UGT hemos defendido que este modelo es fundamental para garantizar la competitividad del sector y la dignidad laboral.
• Para el resto de los sectores: La inclusión de esta modalidad de jubilación en el marco general representa un avance significativo para ampliar los derechos de los trabajadores y trabajadoras en todos los ámbitos productivos. Esto no solo refuerza la modernización del empleo, sino que contribuye a un mercado laboral más inclusivo y equitativo.
El Real Decreto recoge el resultado del acuerdo de julio de 2024 que mejora, desde la voluntariedad, tanto la jubilación demorada como la activa, ofreciendo opciones adaptadas a las necesidades individuales de las personas trabajadoras. Desde UGT reiteramos que nuestra postura seguirá exigiendo pensiones dignas y suficientes, y que cualquier forma de compatibilidad entre trabajo y pensión, que tiene que partir de la suficiencia de la cuantía de la prestación pública, debe ser el resultado exclusivo de la decisión libre y soberana de la persona trabajadora, que opte por continuar con su actividad laboral.
Por último, hacemos un llamamiento al sentido común y de Estado Desde UGT consideramos que este retroceso es inaceptable. Ni los pensionistas, ni los jóvenes, ni las personas más vulnerables pueden seguir siendo rehenes de disputas partidistas que ignoran las necesidades reales de la ciudadanía. Instamos a todas las fuerzas políticas a recuperar el sentido de Estado, y el sentido común, y priorizar los intereses de las personas por encima de las estrategias partidistas mediante la rápida promulgación, y aprobación, de un texto legal que restituya los derechos básicos de las personas afectadas.
Noticia de UGT Confederal
